Analizando la información sobre las previsiones de implantación de infraestructuras de recarga anunciadas por el gobierno para los próximos años, vemos que resulta factible desde un punto de vista industrial, ya que Catalunya y España destacan por albergar algunos de los fabricantes de infraestructuras de recarga más importantes a nivel internacional, siendo una potencia exportadora de reconocido prestigio en la materia.
¿Entonces, por qué no somos uno de los países más punteros de Europa en este aspecto? Pues el problema está principalmente localizado en las trabas administrativas que encuentran los operadores de recarga para llevar a cabo la instalación y operación de estas infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos.
Esta serie de afectaciones resulta una de las barreras más importantes que justifican en parte porque España sigue siendo a día de hoy uno de los países que está en la parte de atrás en cuanto al ratio de implantación de puntos de recarga en autopistas y autovías por cada 100 km.
Tanto las peticiones dirigidas a Ayuntamientos como a otros organismos como la Dirección General de carreteras, mantienen una serie de problemáticas asociadas a no tener normativas ni criterios homogéneos y claros para la autorización de puntos de recarga y el notable plazo que se tarda en responder (hasta un máximo de 6 meses) y que en algunas ocasiones no obtener respuesta implica una connotación de respuesta negativa.
En muchas ocasiones hay técnicos municipales que se ven ahora mismo sobrepasados ante esta serie de peticiones por falta de conocimiento técnico, lo que también influye en tardar meses sin contestar, aunque estas situaciones se entienden más coyunturales y en algunos casos se solucionan con solicitudes simples acompañadas de descripciones detalladas y en otros casos requieren de licitaciones públicos de concesión cuyos trámites se dilatan en el tiempo.
Iniciativas como la validación de una declaración responsable, tanto para los promotores como para las distribuidoras eléctricas, que ejercen de operadores, para tratar de simplificar los trámites administrativos. También se está explorando la puesta en marcha de una ventanilla única para las administraciones, con el fin de resolver las dudas sobre permisos, ayudas y trámites.
Otras iniciativas como facilitar líneas de créditos flexibles para la electrificación de flotas de empresa y de la implantación de su infraestructura de recarga de V.E. asociada, también resultarán fundamentales para este impulso en un contexto en que la economía está bastante tocada, donde particularmente el sector del automóvil ha sufrido las graves consecuencias de la pandemia.
Tanto la reforma del nuevo CTE que integra el vehículo eléctrico como la instalación de 100.000 puntos de recarga, supondrán un impulso mayúsculo para tener un futuro más sostenible y verde. Sin embargo, es necesario que se faciliten las gestiones administrativas y se ofrezcan facilidades económicas para llevarlo a cabo, esperemos que así sea y que el uso y la compra del vehículo eléctrico aumenten durante los próximos años gracias a estas nuevas medidas.
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